Se demora una audiencia clave para resolver el futuro judicial de Tapia y Toviggino y fijan otra para la recusación del juez

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La Cámara en lo Penal Económico llevará a cabo dos audiencias fundamentales para definir el futuro judicial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, quienes están procesados junto a otros dirigentes por retención indebida de tributos al haber pagado fuera de plazo 19.300 millones de pesos correspondientes a impuestos y aportes.

Se demora una audiencia clave para resolver el futuro judicial de Tapia y Toviggino y fijan otra para la recusación del juez
Se demora una audiencia clave para resolver el futuro judicial de Tapia y Toviggino y fijan otra para la recusación del juez

Este miércoles se realizará una audiencia para evaluar el pedido de Toviggino de apartar al juez en lo Penal Económico Diego Amarante de la causa. Posteriormente, el 5 de mayo se llevará a cabo la audiencia destinada a analizar los procesamientos, un encuentro que inicialmente estaba programado para el viernes de esa semana pero fue postergado a solicitud de las defensas, según informaron a Clarín fuentes judiciales.

Tras estas audiencias, los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, estarán en condiciones de tomar una decisión definitiva. Su fallo determinará si se ratifica o no al juez Amarante y si se confirman los procesamientos, lo que permitiría enviar a juicio oral a Tapia y Toviggino.

Estas deliberaciones se producen en medio de otras investigaciones que involucran a la AFA. La más reciente es una causa en la que el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención de Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero en el desvío de fondos de la entidad.

El juez Amarante procesó a Tapia, Toviggino, al gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez, a la secretaria general, Cristina Malaspina, y al ex secretario general Víctor Blanco, por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado.

Se determinó que los dirigentes no abonaron en término 19.300 millones de pesos por impuestos y retenciones de aportes entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, a pesar de que la AFA contaba con fondos suficientes para hacerlo. En el caso de Tapia, el juez destacó que, como presidente de la entidad, es titular de las cuentas bancarias y posee la clave fiscal de la AFA.

Las defensas apelaron los procesamientos, argumentando que la deuda está regularizada, ya que parte fue abonada, incluso con intereses, y el resto se encuentra en un plan de pagos. Además, sostienen que hasta mediados de este año rigen resoluciones de la AFIP y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles como la AFA, lo que según ellos imposibilita tanto la ejecución como el reclamo de estas deudas.

Por su parte, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, también apeló y solicitó agravar los procesamientos. La Fiscalía destacó que en las acusaciones no se incluyeron las retenciones por publicidad que deben cobrar los clubes, lo que descartó «indebidamente sucesos que integran una única unidad antijurídica».

Además, la Cámara deberá resolver la recusación presentada por Toviggino contra el juez Amarante, basada en lo que calificó como una «enemistad manifiesta» del magistrado. El tesorero de la AFA cuestionó al juez por negarle la posibilidad de retirarse del edificio judicial por una puerta trasera para evitar a los medios, por mantener la prohibición de salida del país para él y Tapia —medida que fue levantada para los otros tres dirigentes procesados— y por rechazar las medidas de prueba solicitadas tanto por su defensa como por la Fiscalía.

El juez Amarante rechazó la recusación y sostuvo: «En rigor, el planteo expuesto por Pablo Ariel Toviggino no hace más que demostrar una manifiesta discrepancia y disconformidad del nombrado con una actividad jurisdiccional que no es de su agrado, pero no denota una arbitrariedad y/o una falta de imparcialidad del suscripto». Su respuesta fue elevada a la Cámara en lo Penal Económico, que deberá resolver sobre este planteo.

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