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El Gobierno nacional intensificó en los últimos días su actividad en el Congreso con el objetivo de avanzar en tres reformas centrales: la denominada “Ley de Hojarasca”, la cobertura de vacantes en la Justicia y un paquete vinculado a la propiedad privada. En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para presentar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril.
La estrategia oficial incluye reuniones políticas, envío de proyectos y negociaciones con distintos sectores para reunir los apoyos necesarios.
Avances legislativos y reuniones clave
En este contexto, Adorni mantuvo encuentros con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de ordenar la agenda parlamentaria y avanzar en iniciativas como la reforma del Código Penal y el envío de pliegos para cubrir cargos en la Justicia federal.
Además, encabezó una reunión de la mesa política del oficialismo para coordinar la estrategia legislativa y fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno.
Proyectos en discusión
Entre los principales proyectos se destaca la “Ley de Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que busca eliminar normas consideradas obsoletas o incompatibles con la Constitución.
También avanzan iniciativas vinculadas a la propiedad privada, que proponen modificar leyes de expropiación, tierras y manejo del fuego, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y garantizar derechos de los propietarios.
Búsqueda de apoyos políticos
El oficialismo intentará construir mayorías en el Congreso con sectores de la oposición dialoguista, como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En ese marco, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya anticipó su respaldo a las reformas.
Además, se espera sumar apoyos de otros espacios políticos para garantizar la aprobación de las iniciativas en ambas cámaras.
Ejes principales de las reformas
Entre los puntos centrales del paquete legislativo se incluyen:
Cambios en el cálculo de indemnizaciones por expropiación, limitadas al valor de mercado.
Prohibición de transferencias de dominio sin pago completo.
Procedimientos más ágiles para desalojos en casos de ocupación ilegal.
Refuerzo del derecho de propiedad como eje constitucional.
Desde el Gobierno sostienen que estas medidas buscan generar previsibilidad, fomentar la inversión y fortalecer el marco legal para el desarrollo económico del país.
La agenda legislativa se perfila así como uno de los principales frentes de gestión en las próximas semanas, con reformas que podrían tener impacto directo en el funcionamiento institucional y económico de la Argentina.
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