Con duras críticas a la parálisis en la obra pública, Kicillof pide a Milei que le ceda la Autopista Presidente Perón

Los caminos de Javier Milei y Axel Kicillof nunca confluyen, siempre terminan en confrontaciones políticas. Esta vez, el motivo del nuevo enfrentamiento se centra en un tema vial. La Provincia de Buenos Aires le solicitó al gobierno nacional, de gestión libertaria, el traspaso de la jurisdicción de la Autopista Presidente Perón, un corredor que conforma el tercer anillo que rodea el conurbano bonaerense. El objetivo es “provincializar” este tramo para retomar y finalizar las obras que permanecen paralizadas desde diciembre de 2023.

“Hace 22 meses que no se mueve un metro cuadrado de tierra ni se enciende una máquina en este emprendimiento que impacta a 12 millones de personas. Falta menos del 30% para su finalización y Milei abandonó por completo la obra”, señalaron fuentes cercanas al despacho del gobernador.

Esta semana, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, remitió un pedido formal al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, para “manifestar la decisión de esta jurisdicción de asumir las facultades previstas en el marco de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 10 del Decreto N° 253/2026”. Así, se reclama la “delegación de competencias para gestionar la Ruta Nacional 33 (tramo RP 65 – RN 3) y el tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón (AUPP) entre los kilómetros 13,500 y 62,450”.

El documento agrega que “la presente solicitud se fundamenta en la voluntad de la Provincia de obtener un régimen de delegación de competencias concesionadas similar al otorgado a otras nueve provincias bajo dicho decreto”. Por ejemplo, con esta normativa, la Nación ya transfirió la gestión de una ruta a la provincia de Santa Fe.

En términos prácticos, Buenos Aires busca hacerse cargo de la administración del tramo restante para finalizar el poco más del 25% que resta para completar la autovía.

La Autopista Presidente Perón es una de las obras públicas más anunciadas por gobernadores y presidentes en los últimos años. Los primeros movimientos comenzaron hace 15 años y su ejecución tardó más del doble que la construcción del Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha, que llevó seis años.

De los 83 kilómetros totales previstos para unir el Camino del Buen Ayre con la Ruta Provincial 2, se encuentran habilitados alrededor de 52 kilómetros. El avance general del resto oscila entre el 63% y 65%, aunque en varios sectores las obras se encuentran paralizadas, con maquinaria detenida y cierto grado de abandono o vandalismo en zonas específicas. Sólo se han realizado interveniones puntuales para habilitar accesos gestionados a nivel local o privado, como en Canning, partido de Ezeiza.

La carta dirigida a “Toto” Caputo, ingresada formalmente en marzo de 2024, solicita el traspaso de la autopista. En ese momento, la solicitud fue presentada al entonces flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien mostraba una actitud relativamente flexible hacia la provincia.

“El 29 de mayo de 2024 tuvimos la primera reunión en la Casa Rosada solicitando el traspaso; eso fue con dos jefes de gabinete atrás del actual Gobierno”, explicó Katopodis. “No les interesa lo que sucede con los 12 millones de bonaerenses que necesitan esa autopista ni el progreso de esas comunidades. Es muy extraño que quieran gobernar la provincia a la que perjudican todos los días”, añadió el ministro.

El recorrido de la autopista atraviesa doce municipios del conurbano: San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui. Fue concebida como una vía para descomprimir el tránsito en el resto de las arterias metropolitanas y para potenciar la conexión entre el norte, oeste y sur del Gran Buenos Aires.

Sin embargo, su ejecución fue lenta y discontinua. Desde el primer anuncio pasaron cuatro presidentes –Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei– y tres gobernadores –Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof–, pero la obra nunca se completó. El último avance registrado fue en diciembre de 2023, cuando se habilitó un tramo de 10 kilómetros. Poco después, todo quedó paralizado: no hubo nuevos anuncios, la mayoría de los equipos se retiraron y los trabajos se suspendieron.

En caso de que Caputo acepte ceder la administración, el gobierno provincial planea elaborar un plan integral de intervención que abarque toda la red vial, garantizando que los procesos de concesión se rijan por los principios de transparencia, publicidad, concurrencia y equilibrio económico-financiero, según el documento firmado por Katopodis.

Según fuentes consultadas, la gestión bonaerense tiene previsto utilizar la estructura de Aubasa, la empresa estatal que administra la Autovía 2 y la Autopista Buenos Aires-La Plata, para gestionar este tercer anillo vial. Además, ya estiman que cada kilómetro restante para completar la autopista requeriría una inversión aproximada de 1,5 millones de dólares. Restan unos 31 kilómetros, lo que implicaría una inversión cercana a los 45 millones de dólares.

La controversia en torno a esta arteria del conurbano se combina con otro reclamo reciente: tras una investigación periodística de La Nación que reveló la falta de ejecución del Fondo de Asistencia Vial,