Miles de manifestantes intentaron llegar hasta el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno de España, para pedir la renuncia de Pedro Sánchez

El Arco de la Victoria de Madrid, monumento construido por el dictador Francisco Franco para conmemorar su victoria en la Guerra Civil Española, se llenó este sábado de miles de manifestantes que intentaron llegar al Palacio de la Moncloa, sede del gobierno, para exigir la renuncia del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones.

El jefe del Ejecutivo de coalición progresista y líder del PSOE enfrenta la peor crisis política desde que asumió en 2018. Golpeado por malos resultados en recientes elecciones regionales, un exministro en prisión preventiva a la espera de sentencia y un juicio próximo contra el hermano del presidente, Sánchez recibió esta semana un nuevo golpe con la investigación abierta al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de tráfico de influencias y presunta participación en una organización criminal dedicada al lavado de dinero.

Bajo el lema “Marcha por la dignidad”, la protesta — convocada por organizaciones civiles y respaldada por el Partido Popular y Vox — reunió según sus organizadores a aproximadamente 120 mil personas, mientras que la Delegación del Gobierno contabilizó 40 mil asistentes. Los manifestantes recorrieron las calles de Madrid ondeando banderas españolas y portando carteles con la imagen de Sánchez acompañada de la palabra “Corrupto”, entre insultos y gritos que exigían su dimisión.

La marcha, que partió a las 10:30 de la mañana desde la Plaza Colón, culminó en el Arco de la Victoria, muy cerca del Palacio de la Moncloa. Figuras políticas reconocidas como Santiago Abascal, presidente de Vox, y Alicia García, portavoz del PP en el Senado, participaron en la manifestación. Abascal afirmó: “Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos” y exigió “prisión provisional” para Rodríguez Zapatero. Por su parte, García declaró que “el objetivo es sacar a España de esta ciénaga de la corrupción”.

Rodríguez Zapatero, que gobernó entre 2004 y 2011, es el primer ex jefe de gobierno investigado en España por posible corrupción. Está acusado de liderar una red internacional de tráfico de influencias que le habría aportado, a él y a sus hijas, alrededor de dos millones de euros. El juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, lo citó a declarar el 2 de junio.

La investigación apunta al presunto desvío de 53 millones de euros en préstamos otorgados por el Estado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Desde 2024, la Fiscalía Anticorrupción indaga el posible uso indebido de estos fondos. La alerta surgió tras solicitudes de colaboración procedentes de Suiza y Francia, que buscan vincular a la investigación una red de lavado de capitales con conexiones en Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

Según el auto del juez Calama, la red operaba en España y en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos para influir en decisiones administrativas y facilitar grandes operaciones comerciales. Se detectó que Plus Ultra pagó a la consultora Análisis Relevante, fundada en 2020 por Julio Martínez Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero y presunta intermediaria para obtener beneficios como rutas de vuelo a Venezuela.

Análisis Relevante, registrada en Madrid sin empleados, remuneró al ex presidente por servicios de consultoría que el juez considera ficticios. Además, se solicitó colaboración a Estados Unidos para investigar posibles depósitos en el extranjero. El pasado martes, la Policía registró durante cuatro horas la oficina de Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede del PSOE, donde hallaron una caja fuerte con dinero, teléfonos celulares y agendas, así como una cuenta bancaria conjunta con su esposa que tendría cerca de 1.5 millones de euros.

El juez ordenó el bloqueo de aproximadamente medio millón de euros depositado por Análisis Relevante en dicha cuenta. En un video difundido a los medios y redes sociales, Rodríguez Zapatero defendió su inocencia: “Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, afirmó. Negó haber gestionado ante ninguna administración pública el rescate de Plus Ultra o haber participado en sociedades mercantiles dentro o fuera de España.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez expresó en el Congreso su total apoyo al ex mandatario, reiteró el respeto a la presunción de inocencia y anunció que no habrá adelanto electoral. “Habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España”, respondió Sánchez ante la oposición, que cuestiona su permanencia en el cargo.