De azotes a la matrícula para las palomas mensajeras: qué es la Ley Hojarasca que aprobó Diputados y qué leyes insólitas busca eliminar

Desde una ley que sancionaba a quienes ordenaran aplicar azotes hasta otra que regulaba las competencias de palomas mensajeras, pasando por el carnet obligatorio para mochileros, la denominada Ley de Hojarasca, impulsada por el Gobierno y que este miércoles obtuvo media sanción en Diputados, propone eliminar decenas de normas que el oficialismo considera obsoletas, inútiles o desactualizadas.

El proyecto había sido presentado en 2024 con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. En aquella ocasión no fue tratado en el Congreso, pero el 25 de marzo de este año fue reintroducido por el Gobierno, esta vez con la firma del nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni.

Durante la sesión de este miércoles, en medio de acusaciones de la oposición de que el oficialismo utilizó la iniciativa para bloquear el tratamiento de otro proyecto que buscaba interpelar al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, la Cámara Baja aprobó la propuesta con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Cabe destacar que se dejaron fuera algunas «desregulaciones», como la Ley 20.959, que otorga a senadores, diputados, secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras una credencial personal que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento.

Según el Gobierno, el proyecto busca eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de principios constitucionales. En dicho documento se cita el adagio: “cuantas más leyes, menos justicia”, especialmente cuando las leyes no cumplen objetivos útiles para la sociedad.

Entre las normas que se pretenden derogar se encuentran:

– Ley 94, de 1864, que sanciona con 10 años de inhabilitación a quien ordene azotar a una persona.
– Ley 20.802, de 1974, que establece la eliminación del carnet de mochilero y otorgaba preferencia para acampar en zonas turísticas nacionales, provinciales o municipales.
– Ley 20.843, conocida como “Ley del Lobizón” o “Ley de Padrinazgo Presidencial”, que inicialmente concedía medalla, diploma y beca de estudios al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, con modificaciones posteriores impulsadas por la ex presidenta Cristina Kirchner.
– Ley 27.171, sancionada en 2015, que regula la colombofilia —la actividad deportiva basada en competencias con palomas mensajeras— y crea la Federación Colombófila Argentina, encargada de matricular a estas aves.
– Ley 21.159, que otorga un descuento del 50% en el precio de pasajes y fletes en empresas estatales de transporte para actores, artistas y técnicos de compañías teatrales y les ofrece tarifas especiales en hoteles estatales durante sus funciones.
– Ley 19.787, dictada durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse, que declara de interés nacional la difusión de la música argentina, especificando qué géneros se consideran como tales, aunque según el oficialismo no incluye a toda la música generada por autores nacionales.
– Ley 22.963, que prohíbe la publicidad de materiales que describan el territorio argentino sin aprobación previa del Instituto Geográfico Nacional.
– Leyes 22.964 y 22.109, relacionadas con el aislamiento obligatorio de enfermos de lepra y viruela, que serán derogadas por considerarse estigmatizantes y coercitivas.

Asimismo, la Ley de Hojarasca anulará normas consideradas anacrónicas, como las que autorizan emisiones de televisión a color, la reglamentación para que el Estado resguarde información en microfilms y varios reconocimientos públicos, incluidos el Premio Nacional a la Calidad y el Premio Prevención de Adicciones.

También se deroga la ley que permitía sorteos de premios entre quienes compraban boletos de cine, financiada con fondos del INCAA, argumentando que este impuesto encarece las entradas y perjudica tanto a los usuarios como a la industria cinematográfica.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca simplificar el marco normativo, eliminando leyes que, con el paso del tiempo, perdieron vigencia o relevancia social. El proyecto pasó al Senado para continuar su discusión y posible sanción.